Las Constituciones de todos los países iberoamericanos consagran el derecho al trabajo y a la protección social, y la mayor parte incluye referencias explícitas a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en materia de inclusión social y laboral.
Desde hace décadas, la inclusión social de las personas con discapacidad se reconoce no solo como una aspiración de equidad, sino como un derecho fundamental de toda persona a ser reconocida como miembro pleno de la sociedad.
Una realidad que exige acción: 90 millones de personas en Iberoamérica
Se estima que cerca de 90 millones de personas con discapacidad viven en Iberoamérica. A pesar de los avances normativos registrados en las últimas décadas, la mayor parte de esta población continúa excluida de la vida política, económica y social. Los índices de alfabetización, escolarización, acceso al mercado laboral y a la atención sanitaria son significativamente inferiores a los del resto de la población.
Las barreras de accesibilidad —arquitectónicas, comunicativas y actitudinales— marginan a más del 80% de las personas con discapacidad en la región. Como señala el Instituto Interamericano del Niño, persisten déficits concretos y urgentes: eliminación de obstáculos físicos, materiales en sistema braille y transmisiones en lengua de signos, entre otros.
El compromiso de la SEGIB con los derechos de las personas con discapacidad
La Secretaría General Iberoamericana ha construido un recorrido sostenido de compromisos en materia de discapacidad:
- 2004: proclamación del Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad.
- 2007: adquisición de compromisos específicos en la Cumbre de Santiago de Chile.
- 2013: Declaración del Año Iberoamericano para el Empleo de las Personas con Discapacidad e inclusión de la perspectiva de discapacidad de forma transversal en la Declaración de la XXIII Cumbre de Panamá.
- 2018: Aprobación del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la XXVI Cumbre de La Antigua, Guatemala.
Desafíos pendientes: una agenda compartida
Los avances en políticas públicas para personas con discapacidad en Iberoamérica son progresivos, pero las brechas de acceso siguen siendo profundas. Cerrarlas exige la acción coordinada de gobiernos, sociedad civil, organizaciones de y para la discapacidad, universidades, sector privado y organismos internacionales, con el objetivo de:
- Desarrollar marcos legales que aseguren la atención integral de forma sistémica y sostenida.
- Crear entornos accesibles e inclusivos.
- Promover la rehabilitación y los servicios de apoyo.
- Garantizar la protección social a lo largo de toda la vida.
- Diseñar e implementar políticas inclusivas en educación y empleo.