La SEGIB, la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), la UNFPA y el CAF presentaron hoy el informe «Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica«, la primera sistematización regional de metodologías de costeo de la violencia contra las mujeres en el espacio iberoamericano.
El estudio, financiado por AECID, analiza 17 estudios(*) producidos entre 2004 y 2025 en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. A partir de esos datos, muestra que la violencia contra las mujeres no solo constituye una grave vulneración de derechos humanos, sino también un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social. En algunos de esos países la violencia contra las mujeres puede alcanzar hasta el 5% del PIB según los estudios de Paraguay y Ecuador.
«Medir es visibilizar y dotarnos de herramientas para impulsar políticas públicas eficaces. Invertir en igualdad no solo es una cuestión de justicia social, sino una apuesta estratégica que genera beneficios sociales y también económicos”, señaló la Presidenta de la IIPEVCM, Carmen Martínez, durante la presentación del informe. Para Lorena Larios, Secretaria de Cooperación de la Segib, presente en el acto, apuntó que: “Con datos consolidados, como los que presentamos en este estudio, podemos decirles a los Gobiernos que invertir en prevención es hacerlo en bienestar y en derechos humanos”.
La autora del informe, Celina Santellán, economista y experta en Genero, reiteró la importancia de ampliar la mirada al medir y buscar soluciones para combatir la violencia de género de una forma integral. En ese sentido, Telma Ortiz, Asesora senior en la gerencia de movilización de recursos y alianzas globales de CAF, subrayo la importancia que supone para un banco de desarrollo abordar trabajos como el presentado porque así se permite abordar la violencia desde una perspectiva global, entendiendo también su impacto en el desarrollo y en las sociedades.
El iceberg de la violencia: lo que los datos no muestran
El mayor desafío metodológico que identifica el documento es la magnitud del subregistro. En México, por ejemplo, solo el 13,6% de los casos llega a denuncia formal (CONAVIM, 2016). En Ecuador, las denuncias representan apenas el 5% de los casos reales (Vara Horna, 2020). Esto significa que todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y que el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas.
El documento también advierte sobre las brechas persistentes en materia de información interseccional. La mayoría de los estudios no logra desagregar suficientemente los impactos según edad, discapacidad, condición migratoria, pertenencia étnico-racial o situación socioeconómica, lo que limita la capacidad de diseñar respuestas públicas más focalizadas y equitativas.
Mujeres y hogares: 44% – 50% del coste total
Según los informes de Paraguay y Ecuador, las mujeres y sus hogares son el actor que mayor carga asume de ese coste de la violencia: entre el 44% y el 50% recae sobre ellas. Ese porcentaje se materializa en gastos de salud y justicia, pérdida de ingresos personales, descapitalización de microempresas y, de forma menos visible pero igualmente documentada, en la pérdida de días de clase de hijas e hijos.
Empresas: segundo actor en absorción de costos
El informe señala que las pérdidas de productividad no provienen principalmente de las ausencias laborales, sino del menor rendimiento de las trabajadoras que acuden a su puesto mientras enfrentan situaciones de violencia. Este factor, el presentismo, puede representar hasta el 73% del costo laboral total para las empresas.
A ello se suman los costos de rotación de personal y el tiempo que otras personas del entorno laboral destinan a asistir a colegas en situación de violencia, una variable que ningún estudio ha cuantificado de forma sistemática hasta la fecha. La estimación empresarial es, por tanto, menor a la realidad.
Estado: 11% – 13% del costo total, casi íntegramente reactivo
El Estado solo asume entre el 11% y el 13% del coste total que supone la violencia contra las mujeres y destina ese gasto casi íntegramente a la respuesta reactiva. Según el estudio, pese a tener mayor capacidad para actuar en prevención, asume la menor proporción del coste en los países con datos disponibles. Su gasto se concentra en servicios de salud, justicia y seguridad para atender la violencia una vez ocurrida. Los documentos analizados son contundentes: la prevención costaría menos. El documento también señala que invertir en prevención no sólo protege derechos y salva vidas, sino que también reduce costos futuros para los sistemas públicos y las economías nacionales.
Recomendaciones
La publicación concluye con una serie de recomendaciones orientadas a gobiernos, organismos internacionales y equipos técnicos para mejorar la calidad, comparabilidad y utilidad política de los estudios de costeo en la región. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos, incorporar el impacto del trabajo de cuidados no remunerado, mejorar la interoperabilidad de los registros administrativos y vincular de forma más directa las estimaciones económicas con la planificación presupuestaria y las políticas de prevención.
Datos clave del informe
- Hasta el 5% del PIB: puede costar la violencia contra las mujeres en algunos países de América Latina (Vara Horna, 2013)
- 44–50%: del costo total lo absorben las mujeres y sus hogares (estudios de Paraguay y Ecuador)
- Hasta el 73%: del costo laboral para empresas puede provenir del presentismo, no del ausentismo
- Solo el 13,6%: de los casos llega a denuncia formal en México (CONAVIM, 2016)
- Solo el 5%: de los casos se traduce en denuncia en Ecuador (Vara Horna, 2020)
- 17 estudios: analizados en 10 países iberoamericanos entre 2004 y 2025