La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentan el informe “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica.
El documento constata que la violencia contra las mujeres no es solo una violación de derechos humanos: es también un problema económico que los presupuestos públicos de la región, que en algunos países, puede alcanzar hasta el 5% del PIB, según los documentos analizados de Paraguay y Ecuador.
El informe, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), analiza 17 estudios realizados en 10 países —Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay— a lo largo de más de dos décadas, y evalúa sus metodologías según cuatro criterios: precisión, aplicabilidad, replicabilidad y desagregación.
Lo que los datos revelan
Las mujeres y sus hogares asumen entre el 44% y el 50% del costo total (según estudios en Paraguay y Ecuador) en asuntos relacionados con la salud y justicia, y pérdida de ingresos. El Estado absorbe entre el 11% y el 13%, destinando la mayor parte a la respuesta reactiva. Y las empresas pierden más por presentismo que por ausencias: trabajadoras que acuden al trabajo pero cuya productividad se ve gravemente afectada.
Todo ello, a partir de datos que representan solo una fracción del problema real: en México, el 13,6% de los casos llega a denuncia formal; en Ecuador, apenas el 5%.
Un instrumento para la política pública
El informe no solo mapea lo que se ha medido. Identifica vacíos —geográficos, metodológicos e interseccionales— y formula 11 recomendaciones orientadas a equipos técnicos y gobiernos para mejorar la calidad, la comparabilidad y la incidencia política de futuros estudios de costeo.
