La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con la colaboración de la Organización Internacional de Juventud para Iberoamericana (OIJ), ha presentado el resumen ejecutivo del “El impacto de la digitalización en la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas jóvenes en Iberoamérica: Entre la vulnerabilidad y la oportunidad” , el primer análisis regional sistemático sobre cómo la transformación digital incide en el bienestar de las juventudes.
El documento, financiado por la Aecid, forma parte del trabajo de implementación de Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales(CIPDED),aprobada en 2023 por los 22 países de Iberoamérica durante la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que establece que la transformación digital debe poner a las personas en el centro. Bajo ese enfoque, el estudio analiza el impacto de la digitalización en uno de los segmentos más directamente afectados por este proceso: las personas jóvenes.
Un debate que ya es global
Durante la presentación, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, ha apuntado que los datos disponibles sobre salud mental entre los jóvenes obligan a “elevar el debate hacia cómo diseñar políticas públicas eficaces frente a un fenómeno complejo”. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 adolescentes vive con un trastorno mental diagnosticado, mientras que según la Cepal, el 60 % de las jóvenes latinoamericanas reportan haber sufrido alguna violencia digital, lo que tiene un impacto directo en la salud mental.
“La digitalización no retrocede. Las plataformas seguirán evolucionando y la inteligencia artificial continuará ampliando su presencia en la vida cotidiana de nuestros jóvenes y lo que está en juego no es solo la regulación de las plataformas, sino las condiciones en que se desarrollará una generación entera”, ha señalado Allamand.
Por su parte, el Secretario General del OIJ, Alexandre Pupo, ha afirmado que “la salud mental juvenil no es un efecto colateral de la digitalización, sino un pilar de la gobernanza digital. Si no la integramos como tal, construiremos ciudadanía digital sobre bases frágiles. Así como exigimos evaluaciones ambientales para grandes infraestructuras, debemos avanzar hacia evaluaciones de impacto psicosocial en entornos digitales con alto impacto en las juventudes. La salud mental juvenil en entornos digitales no es una agenda sectorial, coyuntural ni reactiva. Es una cuestión estructural que interpela simultáneamente a la gobernanza tecnológica y la calidad democrática de nuestros países”.
La Ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, que también ha participado en el acto, ha abogado por «crear entornos donde la libertad sea posible para todas las personas”. Rego ha defendido la urgencia de una “regulación democrática del ámbito digital, con transparencia algorítmica, alfabetización crítica y participación juvenil real para «evitar que unos pocos caudillos digitales gobiernen sin urnas y condicionen nuestras vidas». Según Rego, «tenemos una oportunidad histórica para construir un modelo propio basado en derechos y desde la dignidad y no competitividad, para no ser un territorio de extracción digital».
Brechas de género y estructurales
El estudio señala que la transformación digital no elimina desigualdades estructurales; sino que por el contrario, con frecuencia las reconfigura y amplifica. El acceso a conectividad de calidad, la disponibilidad de dispositivos seguros, el nivel de alfabetización digital crítica y el entorno socioeconómico influyen directamente en la experiencia digital juvenil.
Las brechas territoriales, de género y socioeconómicas condicionan la exposición a riesgos y el acceso a mecanismos de apoyo. Las mujeres jóvenes enfrentan mayores niveles de violencia digital; adolescentes en contextos rurales pueden experimentar aislamiento o menor acceso a recursos especializados; jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica pueden carecer de entornos digitales seguros.
Recomendaciones clave
El estudio, firmado por la consultora Equoras, señala la importante desconexión existente entre las políticas de salud mental y las agendas de transformación digital, que han avanzado en paralelo, pero con escasa articulación intersectorial entre salud, educación, juventud y autoridades digitales. Por ello, señala:
- La necesidad de integrar de manera explícita el enfoque de derechos digitales en las políticas de salud mental, fortaleciendo la protección de datos, la transparencia algorítmica y los mecanismos de denuncia accesibles para jóvenes.
- Incorporar en los sistemas educativos una alfabetización digital crítica que incluya competencias socioemocionales y comprensión de las dinámicas algorítmicas.
- Institucionalizar mecanismos de participación juvenil con incidencia real en el diseño de políticas;
- Establecer estándares de calidad y metodologías rigurosas para evaluar la eficacia y costo-efectividad de las intervenciones digitales, priorizando modelos híbridos que combinen tecnología y acompañamiento humano.
- Consolidar la cooperación regional mediante indicadores comparables, intercambio de información y estándares comunes de evaluación del impacto psicosocial.
El estudio incorpora también la voz de las juventudes, que perciben el entorno digital como espacio de socialización, creatividad y aprendizaje, pero también como ámbito de presión por validación constante, exposición a violencia digital y dificultad para desconectarse.
El informe concluye que la salud mental juvenil no puede abordarse como un efecto secundario de la digitalización, sino como una dimensión estructural del bienestar en la era digital.