Por Lorena Larios Rodríguez, Secretaria para la Cooperación Iberoamericana(*)
En ambos lados del Atlántico, la transformación digital está redefiniendo el trabajo en los 22 países de la Comunidad Iberoamericana a una velocidad inédita. Las plataformas digitales ofrecen flexibilidad, autonomía y nuevas oportunidades de ingresos. Pero la evidencia nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿esta nueva economía está reduciendo las desigualdades de género o simplemente las está reproduciendo bajo nuevas formas?
El estudio regional Mujeres en la economía de plataformas: desafíos y oportunidades en Iberoamérica, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), ONU Mujeres y la OIT, ofrece una de las radiografías más completas sobre este fenómeno en la región.
Hoy, aproximadamente 3,5 millones de mujeres en Iberoamérica generan ingresos a través de plataformas digitales, lo que representa cerca del 2,5% de la fuerza laboral femenina regional. No se trata de un fenómeno marginal, sino de una transformación estructural del mercado laboral. Sin embargo, seguimos enfrentando una limitación importante: aún sabemos poco sobre cuántas personas trabajan en la economía digital y contamos con escasa información desagregada por género. Esta falta de datos dificulta diseñar políticas públicas eficaces y comprender plenamente el impacto de esta nueva forma de empleo.
Los datos disponibles muestran que el acceso no equivale a igualdad. En las plataformas de trabajo en línea, por ejemplo, las mujeres ganan en promedio un 41% menos por hora que los hombres (2,2 dólares frente a 2,9) y hasta un 67% menos de ingresos semanales (35,2 dólares frente a 58,3). Estas brechas evidencian que la digitalización del trabajo no elimina automáticamente las desigualdades históricas del mercado laboral.
Paradójicamente, muchas de estas trabajadoras tienen niveles educativos iguales o incluso superiores a los de sus pares masculinos. La brecha no responde a menor formación, sino a factores estructurales persistentes: estereotipos de género, una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y dinámicas de segregación ocupacional que limitan la presencia de las mujeres en los sectores mejor remunerados de la economía digital.
En las plataformas basadas en ubicación, como transporte o reparto, la desigualdad adopta otras formas. Las trabajadoras reportan mayores niveles de acoso y violencia y mecanismos de denuncia todavía insuficientes en muchas
plataformas. A ello se suma que cerca del 25% del tiempo que dedican a estas actividades no es remunerado: horas invertidas en buscar tareas, esperar asignaciones o gestionar perfiles digitales.
La llamada “flexibilidad” es uno de los principales atractivos de este modelo, pero a menudo se trata de una flexibilidad condicionada. Los sistemas algorítmicos tienden a premiar la disponibilidad en horarios de mayor demanda —con frecuencia nocturnos—, lo que resulta difícil de compatibilizar con responsabilidades de cuidado que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Además, la frecuente clasificación de estas trabajadoras como independientes limita su acceso a protección social básica.
La economía digital no opera en el vacío: refleja y, en ocasiones, amplifica desigualdades preexistentes. El techo de cristal no ha desaparecido, simplemente se ha digitalizado. Persisten también barreras en el acceso a dispositivos, conectividad, financiamiento y habilidades digitales, que restringen la participación de muchas mujeres en algunos de los segmentos más dinámicos y mejor remunerados de la economía digital.
Esto no significa que debamos frenar la digitalización. Significa, más bien, que debemos gobernarla mejor.
La Comunidad Iberoamericana ha dado un paso importante con la adopción de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que sitúa a las personas en el centro de la transformación digital y reconoce que la innovación tecnológica no es neutra. Cerrar la brecha digital de género debe formar parte explícita de las políticas públicas.
La economía de plataformas puede ampliar oportunidades para millones de mujeres. Pero si no se acompaña de reglas justas y políticas inclusivas, también puede consolidar precariedades.
La igualdad de género no es un efecto automático del progreso tecnológico. Es, ante todo, una decisión política. En una región diversa y desigual como Iberoamérica, esa decisión solo puede construirse desde la cooperación y desde políticas públicas que sitúen la igualdad en el centro de la transformación digital.
(*) Texto originalmente publicado en el diario La Nación, Argentina.