Columna originalmente escrita para el periódico El País, 21/02/2021
Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, no me he cansado de decir en los foros internacionales que la única forma de salir de la actual crisis es una vacuna de acceso universal.
En una carta abierta que he suscrito junto a más de 140 líderes mundiales, instamos a todos los gobiernos a que se unan para conseguir lo que llamamos “The people’s Vaccine” (“La vacuna de todos”), una inmunización que se distribuya equitativamente y se ponga a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita.
Recientemente ha habido una señal positiva con el anuncio del presidente Joe Biden de que Estados Unidos se uniría a la plataforma COVAX, en la que participan 189 países. Esta iniciativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Mundial por las Vacunas y la Inmunización (GAVI), busca distribuir vacunas a naciones de ingresos bajos y medios, y se espera que este año entregue 2.000 millones de dosis.
No obstante, debemos hacer mucho más para asegurarnos de que todos reciban inmunizaciones contra el COVID-19 lo más pronto posible. Como afirmamos en un artículo que hemos publicado en Newsweek junto a Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y Valor Público del University College de Londres, tenemos que impulsar una acción global para que la necesidad y la urgencia tengan prioridad por encima de los intereses comerciales y nacionales.
Según la plataforma de información para el desarrollo global DEVEX, los gobiernos han destinado fondos públicos por la astronómica suma de US$ 37.700 millones a la investigación, el desarrollo, la distribución y la aplicación de vacunas como las de AstraZeneca/Universidad de Oxford, Johnson&Johnson/BiologicalE, Pfizer/BioNTech, GlaxoSmithKline/Sanofi Pasteur, Novavax/Instituto Serum de India y Moderna/Lonza, mientras que el sector privado ha invertido un cuarto de ese monto: US$ 9.500 millones.
Aun así, no se han hecho públicos los acuerdos de licencias con los países y hay oposición a la propuesta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), presentada por India y Sudáfrica, de eximir las inmunizaciones contra el COVID-19 de los derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia.
Esta salvaguarda de la OMC ya se ha activado en el caso del VIH/Sida, gracias a una campaña internacional para poner a disposición tratamientos genéricos que pudieran ser fabricados por más naciones a menor costo. La idea cuenta con el apoyo de unos 100 Estados miembros, pero es resistida por varios países que albergan a grandes farmacéuticas.
Mientras esta iniciativa se demora, hemos visto cómo las vacunas más promisorias contra el COVID-19 han encontrado importantes cuellos de botella en la producción, en el abastecimiento de suministros, dificultades en el cumplimiento de contratos y un acceso desigual de los países.
Por ejemplo, toda la producción de Moderna y más del 96% de la de Pfizer/BionNTech ha sido comprada por países desarrollados, mientras que el suministro de la vacuna de AstraZeneca/Universidad de Oxford se ha enfocado principalmente a Europa.
Según estimaciones de GAVI, los países desarrollados han adquirido suficientes dosis de las principales vacunas para inmunizar tres veces a sus ciudadanos, mientras que las naciones más pobres pueden considerarse afortunadas si logran administrar una dosis por cada diez habitantes durante 2021.
Ante este panorama, hay que mencionar dos hechos positivos: la producción de la vacuna de AstraZeneca/Universidad de Oxford en América Latina gracias a un acuerdo que ha promovido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) entre México y Argentina con la Fundación Slim, y la reciente decisión del Consejo de Ministros de España de distribuir a países de menores recursos los excedentes de inmunizaciones que no sean necesarias en suelo español.
Sin embargo, esto no es suficiente. La aparición de nuevas cepas del coronavirus más contagiosas y posiblemente más letales podría volver ineficaces las actuales vacunas, lo que vuelve a poner de manifiesto que nadie está protegido hasta que todos estemos protegidos.
El índice de mortalidad por coronavirus no ha dado tregua ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en el mundo en desarrollo. América Latina, uno de los epicentros de la pandemia, concentra hoy el 30% de los fallecidos del planeta a pesar de representar apenas el 8% de su población.
Si no actuamos con premura, superando los nacionalismos y el afán de lucro per se, no solo se amplificará el problema sanitario que enfrentamos hoy, sino también su impacto socioeconómico.
La vacuna de acceso universal es apenas el comienzo de un trabajo de recuperación que será largo y complejo. Sin ella nos enfrentamos a graves consecuencias y a un gran sufrimiento humano.
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