Hoy, en la Secretaría General Iberoamericana se ha presentado el informe Finanzas Sostenibles en Iberoamérica, un trabajo que busca responder a la necesidad de integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las decisiones financieras para promover un desarrollo económico sostenible y resiliente al cambio climático.
El documento, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana y el Global Green Growth Institute (GGGI) presenta un análisis integral sobre los elementos que impulsan y moldean el desarrollo de las finanzas climáticas y sostenibles en la región.
A medida que los países iberoamericanos enfrentan los desafíos del cambio climático y avanzan hacia una economía baja en carbono, el fortalecimiento de condiciones habilitantes, la implementación de instrumentos financieros innovadores y la promoción de transparencia y rendición de cuentas se vuelven aspectos clave en la configuración de un sistema financiero alineado con los objetivos de sostenibilidad, recoge el estudio.
En ese sentido, en el prólogo del informe, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, señala que «la financiación sostenible surge como una herramienta crucial tanto para cumplir con los objetivos establecidos en la Carta Medioambiental como para impulsar el crecimiento políticamente viable, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible que la región necesita».
El informe se estructura en torno a tres pilares principales:
- Las condiciones habilitantes incluyen estrategias nacionales de financiamiento, taxonomías nacionales, integración y divulgación de ASG, etiquetado de presupuesto climático y sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV). Estos elementos son fundamentales para crear un entorno propicio para la inversión sostenible y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.
- En cuanto a los instrumentos financieros, se analizan diversos mecanismos como los fondos internacionales para el clima, bonos temáticos, canjes de deuda por naturaleza, préstamos sostenibles, alianzas público-privadas inteligentes para el clima, pagos por servicios ecosistémicos y financiamiento vinculado a la sostenibilidad. Estos instrumentos son esenciales para movilizar capital hacia proyectos que contribuyan directamente a iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático.
- También se aborda la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas sostenibles. La transparencia es clave para generar confianza y credibilidad en el mercado, y se sostiene en mecanismos de monitoreo, reporte y verificación que proporcionan información confiable sobre los resultados de los proyectos. Esto permite evaluar si los flujos financieros cumplen con los objetivos de sostenibilidad y mitigar el riesgo de «lavado verde» o «greenwashing».
En conjunto, estos componentes no solo facilitan la transición hacia un modelo de desarrollo más verde, sino que también fortalecen la resiliencia económica y social de la región frente a los impactos del cambio climático, apunta el estudio.
El análisis de los flujos, necesidades y brechas de financiamiento revela que Iberoamérica es una región altamente vulnerable a los desastres naturales derivados de la crisis climática. Para enfrentar estos desafíos, resulta crucial incrementar significativamente la inversión en proyectos de mitigación y adaptación. Por ello, se señala la necesidad de movilizar recursos públicos y privados, así como de promover instrumentos financieros innovadores que se adapten al contexto de alto endeudamiento y limitado espacio fiscal de varios países iberoamericanos.
Casos de éxito y el potencial de la región
El texto también recoge el potencial que tiene Iberoamérica para liderar el mercado de finanzas sostenibles. No obstante, enfrenta desafíos como la falta de marcos regulatorios homogéneos y la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. La cooperación regional y la innovación financiera serán clave para superar estos obstáculos y atraer más inversión hacia proyectos sostenibles.
Asimismo, se presentan casos de éxito en la región, como la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes de Perú y la Taxonomía Sostenible de México, que muestran cómo los países están desarrollando marcos para movilizar recursos hacia proyectos sostenibles. También se destacan iniciativas como el canje de deuda por naturaleza de las Islas Galápagos en Ecuador y la emisión de bonos soberanos vinculados a metas de sostenibilidad en Uruguay, que demuestran el potencial de estos mecanismos para apoyar la conservación ambiental y la sostenibilidad fiscal.
Con todo ello se asevera que el futuro de las finanzas sostenibles en Iberoamérica es prometedor, siempre y cuando se continúe avanzando con un enfoque colaborativo y estratégico entre gobiernos, instituciones financieras y el sector privado.
«A medida que los efectos del cambio climático se intensifican, también tenemos una ventana de oportunidad para estabilizar las temperaturas globales a niveles seguros, pero debemos actuar ahora. Todos tenemos una responsabilidad colectiva y un papel que desempeñar desde nuestros ámbitos de accionar. Existe una presión creciente sobre los responsables de decisiones públicas y privadas para tomar medidas climáticas, pero para tomar decisiones informadas debemos primero comprender completamente los principales desafíos y tendencias ambientales que enfrentamos», afirma Helena McLeod, Directora General Adjunta de GGGI en las páginas del estudio.
Tras la presentación, llevada a cabo por el Responsable de Economía y Empresa de la SEGIB, Jaume Gaytan; la Gerente de Alianzas Estratégicas con la Unión Europea y Encargada de la Oficina en Luxemburgo de GGGI, Julie Godin y Randall Hooker, Oficial de Finanzas Sostenibles para Latinoamérica y el Caribe de GGGI, tuvo lugar un debate entre María Mercedes González, Jefa de Asociación Público-Privada Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE (Centroamérica); Alicia Montalvo, Gerenta de Acción Climática y Biodiversidad de CAF, Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe; Belisario Morán, Sub Gerente de Gestión Estructural de Balance, COFIDE, Banco de Desarrollo del Perú (Perú); Alejandro Dorado, Comisionado para la Economía Circular, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO (España) y Carla Gutiérrez Sub Directora de la Dirección General de Inversión Pública, Secretaría de Finanzas (Honduras).
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