Más de la mitad (59%) de los países iberoamericanos no cuentan con leyes que garanticen el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor; en casi dos tercios (64%) de ellos se restringe la libertad de elección de empleo de las mujeres; y en la práctica totalidad de Iberoamérica (96%) los permisos de paternidad son iguales o inferiores a 15 días.
En un evento organizado por el Gobierno de Ecuador con apoyo de ONU Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), se presentaron los resultados del estudio “Avances y Retos legislativos en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica” en el marco del sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65), el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Contar con un plan de trabajo para reformar o derogar estas leyes es un requisito básico e imprescindible para allanar el camino hacia la igualdad de género real y sustantiva, y lograr así el empoderamiento económico de las mujeres. Las leyes son el instrumento para garantizar que se elimine la discriminación directa, que atenta al pleno disfrute de los derechos de las mujeres.
Velar por la eliminación de la legislación discriminatoria en la situación actual de pandemia supone una oportunidad sin precedentes para asegurar que la recuperación socioeconómica en los países de la región iberoamericana sea inclusiva y sostenible.
“En el contexto actual de crisis y dados los impactos desproporcionados que esta pandemia está teniendo sobre la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, esta agenda no solo es urgente sino también una oportunidad sin precedentes para reconstruir una nueva y mejor normalidad. Porque una recuperación con mayor desigualdad no podrá considerarse una recuperación”, dijo la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.
Por su parte, María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres, expresó: “Un elemento fundamental para lograr el empoderamiento de las mujeres es el reconocimiento y la garantía de sus derechos. Muchos de los cuales han sido históricamente negados. A pesar de los avances producidos en la región, no podemos olvidarnos del enorme desafío que aún tenemos por delante: proteger las conquistas en materia de igualdad de género frente del peligro de retrocesos frente a crisis del COVID-19”.
Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos Humanos de Ecuador, país convocante del evento, destacó la importancia de que los países impulsen los instrumentos legales internacionales que ya firmaron y que los comprometen a seguir impulsando los derechos laborales y sociales de las mujeres a todos los niveles. Por ejemplo, el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. «El Convenio 190 debe traducirse en mecanismos de protección de derechos para grupos prioritarios de manera que se puedan fortalecer las normas nacionales para garantizar los derechos de los y las trabajadoras aun trabajo decente y una vida libre de violencia.» señaló.
Las instituciones participantes en el evento destacaron que la derogación de las leyes que discriminan a mujeres y niñas en Iberoamérica es una necesidad urgente en el marco de la pandemia de COVID19, además de una obligación ya asumida por todos los países de la región en múltiples instrumentos y convenciones internacionales y regionales.
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