Las leyes están construidas para garantizar los derechos de las personas, sin embargo, en muchas ocasiones, incluso los marcos legales más progresistas, contienen visiones que discriminan a las mujeres.
Sobre la base del “Análisis de legislación discriminatoria en América Latina y Caribe en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres”, presentado por SEGIB y ONU Mujeres en 2019, se han preparado fichas de cada país de la región, que invitan al diálogo y la reflexión alrededor de los marcos legislativos y sus impactos sobre la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
Con la finalidad de generar un espacio para el debate de alto nivel alrededor del empoderamiento económico de las mujeres, las medidas discriminatorias contenidas en los marcos normativos y los esfuerzos del país y la región para derogarlas; el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, CNIG; la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB; y ONU Mujeres co-organizaron el panel Legislando para el Empoderamiento Económico de las Mujeres en Ecuador.
En el evento participaron Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador; María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura de Ecuador; Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana; María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Ecuador; Juana Fernández, experta de Género de la Fiscalía General del Estado de Ecuador; Juan Sebastián Palacios, Asambleísta Nacional de Ecuador; Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos de Ecuador y Nelly Piedad Jácome, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
El análisis para Ecuador se compone de tres documentos: una ficha-país con la información más relevante en cuanto a la ratificación de los convenios internacionales y legislación más importante en cuanto a igualdad salarial; seguridad social; reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado; protección del trabajado doméstico remunerado; permisos parentales y libertad de elección de empleo, una agenda de reformas en la que se señalan propuestas específicas de reformas legales en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres a nivel nacional y un anexo que contiene los textos legislativos en materia de empoderamiento económico del Ecuador.
La discriminación en la legislación hace de la desigualdad de género algo “normal”, profundiza los complejos desafíos que se entrecruzan y confrontan a varios grupos de mujeres y niñas, poniéndolas en gran riesgo de quedarse atrás. Reconociendo estos efectos perjudiciales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) insta a los Estados parte a incorporar el principio de igualdad de género, en todos los aspectos del marco jurídico.
“A pesar de los renovados compromisos y los innegables avances, aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en el contexto actual de crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19 que amenaza con revertir muchos de los progresos de las últimas décadas, particularmente en relación a las mejoras registradas con respecto a las oportunidades económicas de las mujeres, así como con ampliar las brechas de género que aún persisten”, afirmo la secretaria Rebeca Grynspan.
«El trabajo no remunerado es un tema urgente y transformador. No somos vulnerables, somos agentes de cambio. La pandemia y la recesión económica solo la podremos vencer si incluimos a las mujeres, en toda su diversidad, en la solución que los gobiernos trabajan en materia de paquetes fiscales y emprendimiento”, apuntó María Noel Vaeza, de ONU Mujeres.
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible recoge, entre sus metas, la de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Existe un amplio marco normativo internacional, que sumado a distintas estrategias de la comunidad internacional y a los esfuerzos que ha emprendido la República del Ecuador, ofrece una sólida plataforma para acelerar la eliminación de las leyes discriminatorias en materia de empoderamiento económico y garantizar la igualdad de las niñas y mujeres ante la ley.
Los compromisos asumidos en esta jornada fueron cambios concretos y transformadores para mujeres, niñas y niños, la ratificación Convenio 190 de la OIT. Desde el Consejo de la Judicatura, el fortalecimiento en casos de violencia sexual y medidas de protección para víctimas. Desde la Fiscalía General, el fortalecimiento de unidades especializadas, y la creación de puentes entre el Estado y la sociedad civil. Por su parte, la Asamblea Nacional afrontará retos en cuanto a la igualdad salarial, y la Secretaria de Derechos Humanos, la “economía violeta” que involucra a instituciones públicas y privadas, con el fin de ayudar, sobre todo, a las mujeres jefas de hogar.
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