Columna originalmente escrita para el periódico El Colombiano, 16/10/2020
El impacto de la crisis del coronavirus ha sido muy duro para las compañías latinoamericanas y en particular para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan nada menos que el 97% de nuestro tejido productivo y el 67% de nuestros empleos.
América Latina se encuentra actualmente en el epicentro de la pandemia no sólo en términos sanitarios, sino también sociales y económicos. De cada dos muertes por coronavirus en el mundo, una es latinoamericana. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que nuestra región sufra una contracción del 9,4% en 2020, la peor recesión de la que se tenga registro. Y la CEPAL proyecta un aumento de 45 millones de personas en los índices de pobreza, de los cuales 28 millones caerán en la pobreza extrema, lo que significa hambre en muchas familias de la región.
¿Qué hacer ante este escenario tan dramático? Además de apoyar a los grupos más vulnerables de la población, sin duda la recuperación de nuestras economías dependerá de cuánto logremos proteger el tejido empresarial y el empleo.
Especialmente dependerá del tamaño y la calidad del respaldo que podamos darles a las Mipymes a través de medidas económicas que les permitan sobrevivir los meses más duros de esta crisis.
Una encuesta realizada por la consultora Nauta a más de 4.000 empresas latinoamericanas indica que ya el 87% ha visto reducidas sus ventas y el 37% ha tenido que recortar su plantilla, mientras que el 27% teme no sobrevivir más de un mes sin ingresos.
Hasta ahora, los principales apoyos que han dado los países de América Latina a las empresas –con distintas variantes– han consistido en otorgar créditos con avales del Estado, apoyar el pago de los salarios u ofrecer ayudas directas a Mipymes y emprendimientos informales.
Sin embargo, el monto y la agilidad de estas medidas no han sido suficientes. Por un lado, muchas Mipymes, aun teniendo acceso a créditos preferenciales, han optado por no cogerlos para no endeudarse más. Por otro lado, para continuar a mediano plazo el apoyo al pago de salarios o las ayudas directas a emprendimientos informales hacen falta cantidades de dinero que no tenemos. A menos que podamos conseguir un financiamiento externo suficiente.
Además, los programas de apoyo para transformar los modelos de negocios de la Mipymes en un mundo más digitalizado son lentos y todavía no tienen la escala requerida. Y, por último, como no es fácil llegar a todos los que lo necesitan, muchos quedan excluidos de las ayudas ofrecidas, en particular el sector informal de la economía que representa en promedio el 54% de nuestra fuerza laboral.
En cualquier caso, debe ser una prioridad macroeconómica que hagamos todo lo posible para lograr que la mayor cantidad de empresas sobrevivan este shock externo, alineando medidas de urgencia con aquellas necesarias para la reconstrucción futura. Solo así podemos evitar la histéresis: el riesgo de que problemas de corto plazo evolucionen en problemas estructurales. Menos empresas son menos empleos, menos ingresos, menos consumo y menos crecimiento.
Por ello, los países de la región que más se recuperarán en 2021 son aquellos en los que más profundamente haya incursionado el Estado, tanto en el apoyo al tejido empresarial como en la protección del empleo y de los grupos vulnerables.
Como resultado, estamos ante una oportunidad histórica de retomar un diálogo social constructivo, responsable y renovado. Un futuro post-COVID más próspero, más sostenible y más inclusivo solo será posible si los actores sociales y empresariales se encuentran en un diálogo propositivo y no defensivo, desde el cual sea posible diseñar, negociar y acordar los parámetros de un nuevo contrato social.
Dicha posibilidad depende de la calidad de los liderazgos de todos los sectores de la sociedad. Sobre todo, de la capacidad de construir confianza entre nosotros y en nosotros. La pandemia nos ha hecho revalorar el papel del Estado, pero también la importancia de lo público, entendiendo este concepto como lo que emana desde una responsabilidad compartida y cristaliza en aquello que construimos juntos para el bien común.
Quizás la propia gravedad de la crisis permita que rompamos los silos y la desconfianza, que cambiemos la conversación entre el sector privado, la sociedad, y el Estado, que promueva la participación responsable de las empresas, la ciudadanía y el Gobierno en la construcción de un proyecto de futuro con visión de largo plazo, que apueste por la innovación, por las nuevas ideas, por nuevos mercados, por la nueva economía, aprovechando las características estructurales positivas de América Latina: una sociedad altamente digitalizada, una generación de jóvenes educados, una gran riqueza de recursos naturales y un gran talento de nuestra gente.
Estoy segura de que, si aprovechamos las oportunidades que paradójicamente han surgido de esta crisis, y lo hacemos en el marco de un nuevo contrato social, podremos asegurar un futuro más innovador, más productivo y resiliente.
Ver todos los temas
