La experiencia de Perú, España y El Salvador en la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un ejemplo de éxito de Cooperación Triangular. Por ello, los Responsables de Cooperación y representantes de delegaciones de los tres países presentaron la iniciativa este lunes en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en Madrid, y alentaron a otros países de Iberoamérica a colaborar entre ellos para reducir los feminicidios.
La iniciativa de El Salvador surgió de la necesidad de generar un Registro Único de Víctimas de Violencia Feminicida con datos estandarizados que permitiera mejorar la toma de decisiones en materia de políticas públicas para la prevención, atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres. Fue posible gracias a la generación de un sistema de información el cual permitiera abordar de una forma más rigurosa la problemática y generar respuestas más eficaces para las mujeres y sus familias.
Para abordar este reto, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se inspiró en la experiencia de Perú y España e impulsó en 2018, gracias a la cooperación con ambos países, un proyecto para mejorar el análisis cualitativo y cuantitativo del fenómeno de la violencia contra las mujeres gracias a la institucionalización de un sistema de información.
El objetivo concreto era aportar información estadística al Sistema Nacional de Datos y Estadísticas de Violencia contra las Mujeres, y “a partir de la evidencia de datos, impulsar políticas públicas para prevenir los feminicidios”, explicó la Directora General de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma.
La Directora de Cooperación con América Latina y El Caribe de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), Laura Oroz, por su parte, recalcó que el proyecto es un ejemplo de cómo la cooperación triangular puede ir más allá del intercambio técnico y obtener “resultados concretos”, que tengan incidencia en las políticas públicas.
El proyecto se ha desarrollado en dos fases. La primera, de planificación, contemplaba la generación de la información, conformando datos oficiales reales y confiables que alimenten un registro único de víctimas feminicidas. Para ello, el proyecto promovió la coordinación y cooperación entre las tres instituciones que hasta 2018 abastecían el registro de casos de homicidios, pero sin un criterio homogéneo, lo que dificultaba disponer de datos fiables: la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Policía Nacional Civil (PNC).
La segunda fase, por su parte, abordó el análisis aplicado de la información resultante para mejorar así el diseño de políticas públicas que permitan reducir la violencia contra las mujeres en El Salvador.
“Esta experiencia nos ayuda a posicionar la cooperación iberoamericana y su contribución a la Agenda 2030”, afirmó la Secretaria para la Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios.
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