La SEGIB, a través de la participación de Alejandro Kawabata, asesor en Políticas Públicas y Fortalecimiento Institucional de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), acompañó a la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) en la celebración de su XIX Asamblea Plenaria en República Dominicana. En ella los Ministros expusieron los avances alcanzados en el seno de la organización así como los principales ejes de actuación para poder afrontar de manera coordinada, los nuevos desafíos de las políticas públicas de justicia y seguridad de la región.
En la actividad, presidida por Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República Dominicana como país anfitrión, se contempló la aprobación de convenios y otras herramientas jurídicas en materia de reforma de los sistemas penitenciarios, de acceso a la justicia, la lucha contra el crimen organizado, entre otras, y se realizó la elección del nuevo Secretario General de la COMJIB para los próximos años, siendo designado el guatemalteco Arquel Benitez.
El actual Secretario General de la COMJIB, Fernando Ferraro, explicó en el acto inaugural que “el objetivo de este foro es la promoción de las políticas públicas mediante alianzas estratégicas entre países, con el compromiso de mejorar la calidad del sistema judicial y la construcción de un espacio jurídico más cohesionado”.
“Los países iberoamericanos tenemos un compromiso por garantizar la Justicia y la Seguridad, pero sobre todo para garantizar la equidad. Nuestro compromiso es con los más desfavorecidos, con los que no tienen cómo defender sus derechos, con los que se ven amenazados por la violencia en todas sus formas, por condiciones de vida tremendamente duras como los privados de libertad, o por los que sufren las consecuencias de aquellos que vulneran y corrompen los principios democráticos y de convivencia”, añadió.
En el desarrollo de la actividad se han expuesto los resultados que los países, con el acompañamiento de la COMJIB, han logrado en los últimos dos años en diferentes ámbitos, citando por ejemplo en el ámbito penitenciario, la adopción de las “Reglas de inserción socio-laboral de las personas privadas de libertad” y el Programa de Género en prisión.
También se expuso el trabajo realizado por el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que implica desde la educación en derechos para la ciudadanía hasta la orientación jurídica y la mejora de la defensa de los derechos de los colectivos en condición de vulnerabilidad como jóvenes o víctimas de violencia de género. En ese ámbito destaca la aprobación del Plan Modelo Iberoamericano de Acceso a la Justicia, una herramienta jurídica que los países han consensuado para adaptarlo después a sus realidades nacionales.
Otros de los resultados alcanzados por el organismo es la entrada en vigor de tratados de carácter multilateral como el “Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de ciberdelincuencia”. Con este tratado se pretende dotar a los Estados de mayores herramientas para combatir los delitos cibernéticos, que por número y por volumen, son los que mayor impacto están teniendo en el mundo, tanto en términos jurídicos como económicos.
Asimismo, se han promovido instrumentos jurídicos y políticos para combatir el crimen organizado, especialmente los delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, el tráfico y trata de seres humanos, y el tráfico de bienes culturales y ambientales como son “la Orden de Detención Centroamericana” y el “Convenio de Cooperación Reforzada en Crimen Organizado en la región”.
En materia de acceso a la justicia y lucha contra la corrupción se destacó el trabajo realizado a través del programa Eurosocial de la Unión Europea. Por ejemplo la elaboración y aprobación por parte de los países del «Protocolo Regional para la Investigación con Perspectiva de Género en los Delitos contra las Mujeres cometidos en el ámbito familiar” y de Planes Estratégicos Nacionales para implementar los Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos como vía para mejorar la convivencia pacífica.
Además los representantes de los países participantes y la Secretaría General van a proponer nuevas áreas de trabajo para los próximos dos años como la propuesta sobre armonización de legislación sobre drogas y una línea de trabajo específica en el ámbito del combate a la corrupción. En la Asamblea se elegirá al nuevo Secretario General de la organización para los próximos años.
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es un organismo internacional conformado por 21 países miembros, 19 de Latinoamérica y El Caribe, junto a Portugal y España. Su objetivo es la promoción de políticas públicas mediante alianzas estratégicas entre los Estados, con el compromiso de mejorar y fortalecer, la calidad del sistema judicial y la construcción de un espacio jurídico más cohesionado.
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