La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, tras más de 20 años de negociaciones, la Declaración de los Pueblos Indígenas, un texto que servirá para otorgar mayor protección a los más de 370 millones de personas que conforman más de 5.000 comunidades indígenas en todo el mundo.
El Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, en un comunicado, calificó como “histórica” la Declaración porque “ayudará a proteger a los millones de indígenas que viven en todo el mundo”, de los cuales 50 millones residen en América Latina y el Caribe.
Para Iglesias, el texto, apoyado por toda Iberoamérica, responde a “un esfuerzo que ha durado muchos años para que los pueblos indígenas sientan este reconocimiento”.
La Declaración
La Declaración, ratificada por 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, es un hecho histórico para el movimiento indígena internacional, que finalmente consigue que sus derechos estén recogidos en un documento internacional tras años de negociaciones en la ONU.
El texto aprobado está compuesto por 46 artículos y conjuga los derechos de los pueblos indígenas en todo el planeta, lo que incluye la propiedad de sus tierras, los recursos naturales en sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y el derecho a la autodeterminación.
El 13 de septiembre de 2007, día de la aprobación de este texto, ha sido calificado por numerosos grupos y organizaciones indígenas como “un día histórico”.
Además de las demandas tradicionales de los pueblos indígenas, el documento también hace referencia a “la importancia de la educación bilingüe”, y a la necesidad de “tomar medidas que contribuyan al bienestar de mujeres, niños y ancianos”.
Así mismo señala que los pueblos indígenas tienen “derecho al reconocimiento, el cumplimiento y la aplicación de los tratados pactados con los Estados”, tanto en el pasado como el futuro.
Uno de los puntos más relevantes de la Declaración hace referencia al apego de los indígenas a la tierra, ya que este concepto está mencionado en varios de los artículos que aparecen en la Declaración, resaltando su derecho a “poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas”.
Así, el documento dispone que “los Estados aseguren el reconocimiento y la protección jurídica de estas tierras, territorios y recursos”, y que no se pueda proceder a ningún traslado sin “el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.
Pese a que la Declaración no es jurídicamente vinculante, es un instrumento legal internacional, que ayudará a la protección de los indígenas frente a “a la discriminación y la marginación”, según manifestó la ONU en un comunicado hecho público tras la aprobación del texto.
Durante la presentación del documento ante la Asamblea General, el embajador adjunto de Perú ante la ONU, Luis Enrique Chávez, señaló que era “una gran oportunidad”, y afirmó que existía la “responsabilidad de colmar un vacío en la protección de los derechos humanos”.
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