Miembros de los 22 países que forman la Comunidad Iberoamericana debatieron sobre “La extensión del crédito y los servicios financieros” en un encuentro organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en Madrid.
Durante los dos días que duró la reunión, se escucharon conferencias de todos los sectores: banca pública y privada, organismos internacionales, fundaciones, cooperativas, representantes de los usuarios de banca y académicos.
El primer día, miembros de diversos países iberoamericanos expusieron sus experiencias, sus proyectos y sus expectativas en el ámbito de las microfinanzas.
Durante la segunda jornada, se analizó el acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa y la innovación institucional y tecnológica necesaria para el impulso del sector.
También se plantearon las expectativas de continuación y la ampliación del Programa establecido por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Salamanca (España). Los mandatarios dieron, el pasado octubre, a la SEGIB la tarea de establecer programas para eliminar las causas de la exclusión financiera con objetivos mensurables.
El programa que organizó la Secretaría cuenta con tres fases. La primera se tradujo en seis Mesas de Diálogo en países latinoamericanos. La segunda (que terminó el viernes) es el Encuentro Internacional donde se expusieron los resultados de esas mesas. Lo que queda por finalizar -antes de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Montevideo (Uruguay)-, es el establecimiento de programas cuatrienales de inclusión financiera.
Clausura y conclusiones
En la clausura del evento, el secretario general Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, enumeró siete conclusiones básicas. La primera establece la necesidad de reconocer las características del entorno en el que se desenvuelven el crédito y los servicios financieros en América Latina.
La segunda explica que existen una serie de problemas que, con intensidad diferente, están presentes en prácticamente todos los países de la región. Aquí Iglesias hizo hincapié en la necesidad de coordinar acciones tanto del sector público como del sector privado.
La tercera conclusión se refiere al establecimiento, en cada uno de los países miembro, de programas nacionales, que contemplen compromisos cuantitativos y cualitativos para los sectores público y privado de los servicios financieros.
La cuarta conclusión se refiere al la necesidad de fijar objetivos concretos para la inclusión, dependiendo de cada país. Por ejemplo, el objetivo de aumentar en un 40 por ciento la población atendida por los servicios financieros.
La quinta conclusión establece la prioridad de realizar acuerdos entre los sectores público y privado, con compromisos cuantitativos y cualitativos, como el desarrollo de productos de ahorro, depositos o fondos; la promoción de la domiciliación de nóminas y facturas; programas de educación financiera de la sociedad, y otros.
La sexta conclusión plantea la tarea de las autoridades competentes, de incluír en dichos programas compromisos en términos de legislación; flexibilización de las condiciones para la banca; desarrollo de normativas estrictas; sustitución paulatina de los impuestos que gravan las transacciones; establecimiento de oficinas de información de calidad crediticia; y modernización e informatización de los registros mercantiles.
La séptima y última conclusión se refiere a la preparación y el desarrollo de los programas de cada país. Para superar los obstáculos se necesitará el apoyo de las instituciones multilaterales de crédito -como FELABAN o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, que ofrecieron su colaboración durante el encuentro.
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