Columna originalmente escrita para el periódico El Tiempo, 06/03/2020
Quién no conoce a alguna mujer iberoamericana que ha tenido que dejar su trabajo porque la sociedad no está organizada para poder conciliar la vida profesional con la familiar. O a alguna que, por su género, ha sido excluida de determinados empleos o discriminada por la seguridad social o la ley de herencia.
Yo lo he vivido en carne propia. Para mí, llegar a las posiciones de liderazgo que he ocupado ha sido muy desafiante porque, al igual que para muchas otras mujeres, debemos hacer el doble para que se nos reconozca la mitad y porque se nos exige una disponibilidad que no toma en cuenta un aspecto elemental de la vida humana: la familia.
Aunque en muchos sitios de Iberoamérica todo esto sigue ocurriendo, he tenido la dicha de ser testigo y promotora del cambio. En las últimas décadas, la región ha logrado importantes avances para garantizar los derechos de las mujeres y acercarse a la igualdad de género.
Todos los países iberoamericanos han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Muchos de ellos han modificado sus constituciones y sus códigos civiles, han creado ministerios o institutos de asuntos de la mujer, han establecido cuotas para los cargos políticos y han tipificado la violencia de género como un delito.
Gracias al sistema de cuotas, por ejemplo, América Latina se sitúa entre las regiones del mundo con mejores resultados en cuanto a la representación de mujeres en gobiernos y parlamentos.
No obstante los innegables progresos, aún queda mucho camino por recorrer en Iberoamérica: aún persisten importantes obstáculos para la autonomía de las mujeres. Los cambios suelen ser demasiado lentos y por eso debemos seguir concientizando, educando y ejerciendo presión allí donde podemos obtener el máximo beneficio.
Uno de estos puntos de presión es cambiar las leyes abiertamente discriminatorias para la autonomía de las mujeres y, entre ellas, aquellas que impiden o limitan su empoderamiento económico.
Todos los estudios demuestran que la participación activa de las mujeres en la economía contribuye a la erradicación de la pobreza y al crecimiento inclusivo. Según un informe del McKinsey Global Institute, si las mujeres tuvieran la misma participación y el mismo sueldo por trabajo equivalente a los hombres en los mercados de todo el mundo, para 2025 se podrían agregar cada año hasta 28 billones de dólares (o 26 %) al PIB global.
El ejemplo de Colombia
En la Secretaría General Iberoamericana (Segib) estamos trabajando junto con ONU Mujeres para promover la eliminación de la legislación discriminatoria en Iberoamérica; hay leyes que debemos derogar, otras que tenemos que reformar y otras que, sin duda, debemos promover.
Como primer paso elaboramos un informe que analiza cuáles son los principales obstáculos y retos en el marco legal para el empoderamiento económico de las mujeres en la región.
En cada país de Iberoamérica hay, en promedio, dos leyes que diferencian a hombres y mujeres en cuanto al empleo, los salarios, las condiciones laborales y los emprendimientos. Por ejemplo: el 65 % de los países iberoamericanos cuentan con normas que restringen la elección de trabajos por parte de las mujeres, por considerarlos peligrosos, moralmente inapropiados o pesados.
Durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Antigua (Guatemala) en noviembre de 2018, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a trabajar para cambiar esta realidad.
Cabe destacar que Colombia es, en nuestra región, uno de los ejemplos por seguir en materia de leyes que combaten la discriminación, promueven la autonomía y empoderan a las mujeres.
Allí, según precisa nuestro reporte dedicado a ese país, la igualdad de género y la protección de la maternidad están consagradas en la Constitución. Asimismo, varias normas garantizan que las mujeres tengan libre elección de empleo, igualdad salarial y beneficios de la seguridad social, además de reconocer la contribución del trabajo doméstico no remunerado al desarrollo económico del país.
El fuerte compromiso de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la lucha por la igualdad de género, y el apoyo que para ello ha recibido del presidente Iván Duque, se refleja en estos días en un foro internacional de alto nivel que su gobierno acoge en Bogotá, donde explicaremos nuestro trabajo para eliminar las leyes discriminatorias en Iberoamérica y presentaremos nuestro informe sobre los avances de la legislación colombiana en esa materia.
Casos como el de Colombia nos recuerdan que no debemos subestimar los logros alcanzados y que la región puede legítimamente reclamar un liderazgo a nivel global, aunque ahora el reto es hacer que se cumpla el marco normativo y pasar de la norma a la igualdad real.
Creemos en la necesidad de impulsar una coalición de países iberoamericanos comprometidos con la eliminación de leyes discriminatorias para el empoderamiento económico de las mujeres, ahora que se cumplen 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el programa más visionario jamás acordado por la igualdad de género.
Claro está que, para no perder la iniciativa, debemos continuar apoyando el activismo que ha logrado tantas conquistas y, a la vez, promover una gran alianza entre gobiernos, parlamentos, empresas e instituciones que impulse y respalde las transformaciones. Solo así podremos asegurarnos de que, tanto en el presente como en el futuro, ninguna mujer tenga que enfrentar estas barreras solamente por el hecho de ser mujer y que la conciliación entre trabajo y familia sea una realidad para todos los hombres y mujeres.
Esta debe ser una lucha de toda la sociedad porque, en definitiva, la igualdad nos beneficia a todos.
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