El Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) fue aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, celebrada en Mar del Plata (Argentina). A través de este programa de la Cooperación Iberoamericana, los países miembros trabajan unidos por conseguir una Iberoamérica más justa, pacífica e inclusiva.
El PIAJ cuenta con la participación de 7 países miembros: Argentina, Brasil, Chile, España, Paraguay, Perú y República Dominicana. Su objetivo principal es promover un mayor acceso a la Justicia en Iberoamérica, a través de un fortalecimiento de las políticas públicas de los gobiernos de la región.
El derecho de acceso a la Justicia es condicionante para el ejercicio de otros derechos. Por eso, es vital asegurar que el mayor número de personas puedan acceder a leyes y políticas públicas más justas, sin importar sus condiciones económicas, sociales, étnicas, de género, culturales, etc.
El Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia facilita a los Ministerios de Justicia y autoridades análogas de los países miembros herramientas e información que aseguren a todos los ciudadanos el derecho al acceso a la justicia. Esto es posible a través del apoyo técnico para el diseño y promoción de acciones específicas de inclusión social.
Dentro de los logros del programa Cumbre se puede destacar la firma de la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa en 2015. Este documento contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Con este compromiso, los países miembros acordaron tener una postura común para abordar esta materia.
Por otro lado, dentro de la línea de acceso a la Justicia, el programa promueve espacios para la promoción del conocimiento de los derechos que tienen los ciudadanos, específicamente, en lo que se refiere a su derecho a la tutela judicial efectiva. De esta manera, se ha tratado de concentrar esfuerzos en proyectos específicos que promuevan el acceso a la Justicia.
Por último, el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia busca fortalecer la eficacia y la eficiencia de la Justicia, potenciando los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). En este sentido, se tendrá en cuenta de manera especial la situación de grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las víctimas de violencia y los jóvenes.
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