Columna originalmente escrita para el periódico El País, 20/10/2018
Ambas nacimos en el mismo año, a medio mundo de distancia, y en un tiempo en el que el género determinaba las opciones de las personas, igual que para el resto de nuestra generación. Sin embargo, en las últimas décadas la movilización social y el cambio político han hecho mucho para ampliar esas alternativas, algo que se refleja en nuestras trayectorias personales. Nuestras vidas encarnan los logros de los movimientos sociales y feministas que han reclamado la igualdad de derechos de las mujeres en la educación, el empleo y la participación política.
Desde luego, nuestras sociedades aún tienen un largo camino por delante; los avances suelen ser demasiado lentos. Por eso debemos ejercer presión allí donde se pueda obtener el máximo beneficio. Uno de estos puntos es cambiar de las leyes abiertamente discriminatorias: En la actualidad, las restricciones legales influyen negativamente en las opciones de más de 2.700 millones de mujeres.
Según el Banco Mundial, en 104 países existen leyes que impiden que las mujeres puedan trabajar en determinados empleos, como por ejemplo en la minería; en 59 países las mujeres no están protegidas legalmente contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, y en 18 países los maridos tienen el derecho legal de impedir que sus esposas trabajen. Del total de 189 naciones analizadas, un 40% tiene al menos una restricción sobre los derechos de propiedad de las mujeres.
América Latina no es una excepción. En cada país de la región hay una media de dos leyes como mínimo que diferencian a hombres y mujeres en cuanto a empleo y emprendimientos. La mayoría de las naciones latinoamericanas carecen de normas que garanticen la igualdad de salarios y en muchos casos no existe la baja de maternidad remunerada de 14 semanas, el mínimo establecido por la Convención de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la Protección de la Maternidad. Y son pocos los países que regulan el permiso de paternidad remunerado, que con frecuencia se reduce a unos pocos días.
En concreto, las empleadas del hogar continúan luchando para que las leyes nacionales las protejan y les permitan disfrutar de sus derechos laborales y acceder a la seguridad social y otros beneficios. Sin ello, corren un mayor riesgo de caer en la pobreza y sufrir múltiples formas de inequidad.
Unidas por el cambio
En la lucha por la igualdad, la legislación y la política pueden ser un catalizador positivo para el cambio. Un ejemplo es el sistema de cuotas electorales, que ha resultado crucial para fomentar la participación política de las mujeres y garantizar una masa crítica femenina en puestos de poder. No es una coincidencia que América Latina, gracias a la adopción de cuotas, se sitúe entre las regiones del mundo con mejores resultados en cuanto a presencia de mujeres en gobiernos y parlamentos.
ONU Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) han unido fuerzas para eliminar las barreras legales que impiden la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres en el mercado laboral, como parte de los esfuerzos globales por cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, la aprobación de normas es solo el primer paso. Es necesario forjar una amplia alianza para garantizar que las leyes sean acompañadas de políticas adecuadas, que se implementen en el terreno y tengan un impacto real en la vida cotidiana de las personas, de modo que no solo se produzca un cambio legal, sino también cultural.
Incluso en casos de legislaciones progresistas, si no se reequilibra el poder, si no hay un cambio en las expectativas de las sociedades y, lo que es más importante, tolerancia cero ante la violencia, no veremos los frutos de estas importantes medidas.
El activismo es fundamental para conectar la estructura legal con la realidad de la experiencia y para que haya una rendición de cuentas. Este año, millones de mujeres se movilizaron y manifestaron a través de las redes sociales, utilizando hashtags como #YoTambien (#MeToo), #MiPrimerAcoso (My First Harassment), #NiUnaMenos (Not One Less) y #NoTeCalles (Don’t Stay Silent).
Leyes innovadoras
Por un lado, necesitamos eliminar las leyes discriminatorias que no solo son anticuadas, sino que además reflejan una visión paternalista de las mujeres en el mercado laboral, como prohibirles trabajar en determinados empleos o sectores económicos. Por otro lado, deberíamos adoptar normas innovadoras para apoyar la plena participación femenina en la economía.
La ratificación de la Convención 189 sobre Trabajo Doméstico de la OIT (2011) por parte de todos los países, así como la reforma de leyes y políticas laborales nacionales para adaptarlas a ella, representaría importante avance en esa dirección.
Otro paso relevante sería calcular el valor del trabajo de cuidados no remunerado para determinar su contribución real a las economías nacionales, y para reducir y redistribuir la carga desproporcionada de este tipo de labores en las mujeres y las niñas.
Esto nos exige promover un reparto equitativo de responsabilidades entre las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, el Estado y el sector privado. La provisión de cuidados no solo debe ser compartida dentro de los hogares, sino también más allá de sus paredes, priorizando el desarrollo de infraestructuras, políticas de protección social, servicios de cuidados de calidad accesibles y asequibles, y permisos de maternidad y paternidad.
Son este tipo de transformaciones las que producen un reajuste en los equilibrios del poder de nuestras sociedades y que, al hacerlo, contribuyen de manera fundamental a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Somos conscientes de que los cambios legislativos no son suficientes y que, no obstante, representan sin duda alguna un paso fundamental y necesario hacia la igualdad de género, la reducción de la violencia contra las mujeres y una economía que funcione para todos.
Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de reformar y adaptar nuestra legislación para que refleje y haga posible las sociedades que anhelamos.
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