Discapacidad/

Las constituciones de todos los países iberoamericanos consagran el derecho al trabajo y a la protección social. La mayor parte de ellas contiene referencias explícitas a los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo a la inclusión social y laboral.

Desde hace varias décadas se habla de la inclusión social de las personas con discapacidad como una aspiración de equidad y como un derecho de todo ser humano a ser reconocido como miembro natural de la sociedad de la que forma parte.

Como apunta el Instituto Interamericano del Niño, las personas con discapacidad siguen teniendo menos oportunidades de acceso a determinados bienes sociales como la atención de salud, la educación y el trabajo. Además, señala algunos especialmente necesarios según su tipo de discapacidad: eliminación de barreras arquitectónicas, impresiones en sistema braille y trasmisiones en lengua de señas, entre otras.

Se estima que en Iberoamérica viven cerca de 90 millones de personas con discapacidad. Si bien se ha avanzado en materia normativa, la mayor parte de esta población continúa excluida de la vida política, económica y social. Los índices de alfabetización, escolarización, acceso al mercado de trabajo y a la salud son sensiblemente inferiores a los del resto de la población. Las barreras de accesibilidad, así como las actitudinales frente a la población con discapacidad constituyen obstáculos que marginan a más del 80% de las personas en situación de discapacidad en Iberoamérica.

La SEGIB ha tomado posición en materia de discapacidad, proclamando el 2004 como el “Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”, adquiriendo sucesivamente compromisos desde la Cumbre de Santiago de Chile (2007) hasta la fecha, declarando el 2013 como el “Año Iberoamericano para el Empleo de las Personas con Discapacidad” e incluyendo en la Declaración de la XXIII Cumbre de Panamá de 2013 la necesidad de incorporar la perspectiva de discapacidad de manera transversal con el fin de garantizar su inclusión y protección social. Este recorrido en el ámbito iberoamericano se consolida decididamente en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de La Antigua-Guatemala (2018), con la aprobación del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene por objetivo contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social; a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los avances de la región iberoamericana en materia de políticas públicas para personas con discapacidad son progresivos, pero quedan desafíos pendientes. Las brechas de acceso aún existentes que afectan a las personas con discapacidad y el imperativo de reducirlas, llama a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de y para la discapacidad, universidades y centros de investigación, sector privado, así como a organismos internacionales a crear entornos favorables, promover la rehabilitación y los servicios de apoyo, garantizar la protección social a lo largo de la vida, formular e implementar políticas y programas inclusivos en la educación y el trabajo y generar marcos legales que propicien de forma sistémica y sostenida la atención integral y el acceso de las personas con discapacidad.