El pasado miércoles tuve la oportunidad de participar en el panel inaugural del «Digital Summit LATAM 2025″, oportunidad en la que presenté los tres pilares a partir de los cuales la Comunidad Iberoamericana y la SEGIB están abordando la transición digital, a saber:
- Garantizar derechos. Por una parte, se trata de que los derechos fundamentales que se encuentran garantizados en nuestra vida offline sigan estando resguardados online (libertad de expresión, no discriminación, vida privada, etc.). Por otra parte, se trata también de proteger a las personas frente a situaciones propia de la vida online (anonimato, neutralidad de la red, derecho al olvido, etc.).
Uno de los derechos más importantes de esta segunda categoría es el derecho a la inclusión digital, que exige que todas las personas puedan acceder en las mismas condiciones a internet, a las tecnologías digitales y a las habilidades necesarias para participar en el mundo digital. Se trata de avanzar en una transformación digital que no deje a nadie atrás.
En este sentido, existen tres aspectos claves para garantizar la inclusión digital: accesibilidad material (que exista disponibilidad de infraestructura necesaria); accesibilidad económica (que los costos de los servicios públicos de conexión no sean una barrera para ciertos grupos); accesibilidad cultural (que todos tengan conocimientos sobre el uso seguro y eficiente de la tecnología; es decir, alfabetización digital).
- Asegurar la competencia. Se trata de velar por el desarrollo y la implementación de una regulación que asegure el buen funcionamiento del mercado de los bienes y servicios digitales. Para lograr esto debe existir una institucionalidad sólida, liderada por autoridades con adecuadas competencias regulatorias y fiscalizadoras, con capacidad técnica para generar un marco normativo estable, especializado y flexible, que asegure una sana competencia, evitando distorsiones de mercado como las conductas monopólicas, el abuso de posición dominante y la captura de los propios reguladores/legisladores. Esta autoridad debe contar también con independencia y respaldo político suficiente para poder hacer frente a las presiones de las grandes transnacionales tecnológicas, que cuentan con importantes recursos para cabildear en favor de sus intereses.
- Impulsar la competitividad. Una adecuada regulación resulta importante para impulsar la competitividad de las empresas regionales. En Iberoamérica existe una importante demanda en este sentido. Las propias empresas han expresado la necesidad de una cierta homogeneidad regulatoria entre los distintos países de la región, de forma tal que puedan actuar sabiendo que no existirán tantas varas de medir como países en la región, lo que incrementara sus costos de compliance y de transacción en general.
El desafío consiste en encontrar un justo equilibrio entre la regulación necesaria para proteger a las personas, cuidar el buen funcionamiento de los mercados, e impulsar la competitividad empresarial, sin ahogar el emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico. Sin duda una tarea compleja, en la que haríamos bien en mirar con atención las conclusiones que se desprenden del informe sobre la competitividad de la UE elaborado por Mario Draghi, el que identifica cinco barrearas regulatorias:
- Procedimientos costosos y complejos para patentar nuevas ideas.
- Excesiva regulación.
- Múltiples normativas nacionales que van más allá de los estándares europeos.
- Limitaciones en el almacenamiento y procesamiento de data.
- Distintas reglas nacionales para la contratación pública.
Debemos reconocer que a la hora de implementar medidas para superar estos obstáculos existe una importante asimetría entre Europa y América Latina. La UE tiene instituciones consolidadas capaces de generar marcos regulatorios supranacionales, América Latina, en cambio, carece de esta capacidad, por lo que, en términos generales, su normativa tiende a la atomización, lo que dificulta armonizar la normativa.
Nuestra región, sin embargo, tiene a su favor el contar con una cultura jurídica común sobre la que construir sus marcos regulatorios. Esta cultura jurídica compartida es lo que permitió la redacción y aprobación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los entornos Digitales (CIPDED) en la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado de Santo Domingo (2023).
El objeto de este instrumento es concordar principios comunes para que sean tomados en cuenta por los Estados al momento de adoptar o adecuar sus respectivas legislaciones nacionales o poner en marcha políticas públicas, colocando a las personas en el centro de la transformación digital.
Desde la SEGIB estamos trabajando en la implementación de esta Carta a través de la priorización de cuatro ámbitos temáticos: conectividad e inclusión; gobierno digital; economía digital y tecnologías emergentes; y privacidad, confianza, seguridad de datos y ciberseguridad.
La Comunidad Iberoamericana está avanzando en la generación de conocimiento (informes de situación, propuestas de política pública, elaboración de estándares regionales); capacitación (se lanzará en breve junto con el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, unas 6.000 becas en competencias digitales para jóvenes de la región); el fortalecimiento de instrumentos de cooperación (por ejemplo, se abrió recientemente una convocatoria de proyectos para programas y redes de la cooperación iberoamericana), y difusión e intercambio de experiencias (como el ciclo de diálogos Horizonte Iberoamérica Digital). Asimismo, se ha puesto en marcha un repositorio que recopila la totalidad de las normas de los países iberoamericanos relativas a la transformación digital, que es hoy la base de datos oficiales más amplia y actualizada de Iberoamérica.
En SEGIB sabemos que el futuro de Iberoamérica será digital, pero es clave que además sea competitivo, inclusivo y centrado en las personas.
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