Isla Margarita 1997

Descripción

En esta Conferencia los mandatarios iberoamericanos ratificaron el compromiso asumido en la Declaración de Viña del Mar de promover la revalorización de la política en la vida diaria de sus pueblos, estimulando su participación política y social. Todo ello partiendo del convencimiento de que la democracia es una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad.

Recordaron que los programas y estrategias nacionales de formación ciudadana deben fortalecer y promover la tolerancia; el pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate público; el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos; la aplicación de las reglas de la convivencia civilizada establecidas por la ley; la validez del diálogo en la solución de los conflictos; así como la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública.

Para delinear un camino a seguir en ese sentido, se acordó atender aspectos tales como la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos; la justicia social y su administración; la ética y la administración pública; los partidos políticos y la transparencia en los procesos electorales y el derecho a la información.

En cuanto a la cooperación derivada de la Conferencia, los Jefes de Estado y de Gobierno, destacaron el avance logrado en los programas en ejecución y la importancia de la incorporación en esta ocasión de nuevas iniciativas, tales como: el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la preservación y difusión de la memoria histórica común a través de los archivos iberoamericanos, la investigación agrícola, las acciones focalizadas para la disminución de la pobreza y las viviendas alternativas de interés social.

En la VII Cumbre los mandatarios iberoamericanos centraron sus reflexiones en torno al tema de “Los Valores Éticos de la Democracia”, y en concreto, se analizaron los siguientes asuntos:

• La promoción, el respeto y la garantía de los Derechos Humanos
• La Justicia social
• La administración de la Justicia
• La ética y administración pública
• Los partidos políticos y la transparencia de los procesos electorales
• Y el derecho a la información.

• Continuar fortaleciendo y perfeccionando sus sistemas democráticos, progresar cada vez más en el respeto y protección a los derechos humanos, garantizar el respeto del Estado de Derecho, de lograr un óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en los sistemas económicos, con el objeto de la búsqueda de la justicia social, así como mejorar los sistemas de administración de justicia, elevar el nivel de la ética pública, contribuir a un eficiente funcionamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales, velar por la libertad de expresión e incentivar a sus pueblos para una participación activa en la consecución de tales propósitos.

• El compromiso de la Comunidad Iberoamericana con la ética y los valores que orientan la democracia y que hacen posible la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos.
• El convencimiento de que la democracia, el desarrollo sostenible, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, basándose por igual en los principios de objetividad, imparcialidad y universalidad.
• La obligación de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluyendo el derecho al desarrollo, que son interdependientes e interrelacionados y cuya universalidad es incuestionable.
• La responsabilidad del Estado de atender a los sectores más vulnerables de las poblaciones, a fin de combatir la exclusión social, superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad y el analfabetismo, lograr un mayor acceso a los servicios de salud a fin de acordar mecanismos de inserción de estos sectores en la sociedad.

• La justicia social es la realización material de la justicia en el conjunto de las relaciones sociales, la cual exige medidas de compensación a favor de aquellos que requieran un tratamiento especial y diferenciado y que no pueden representar o hacer valer de forma efectiva y pública sus intereses, necesidades o aspiraciones.
• La solidaridad humana no se agota en los términos de un solo Estado soberano, abraza a todos los pueblos de la humanidad. En consecuencia, los países más desarrollados económica y tecnológicamente, deben prestar su colaboración a los países menos desarrollados.
• La aplicación de la justicia social internacional conduce al bien común universal.
• La vigencia de la justicia social comporta que aquéllos con mayor disponibilidad de bienes y servicios, asuman una mayor contribución en la responsabilidad del Estado de lograr una distribución de la riqueza más equitativa, con base sólida y estable.
• El compromiso de los gobiernos iberoamericanos de continuar avanzando en el logro de los objetivos contenidos en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de marzo de 1995
• El ámbito de aplicación de la justicia social no debe reducirse a los aspectos materiales, sino que exige también proporcionar acceso a la educación en condiciones de igualdad, a los bienes culturales, a las ciencias, de las técnicas y las artes, así como preservar la pluralidad de las culturas que constituye una de nuestras principales riquezas, promover su desarrollo y aportar a otros pueblos los valores humanistas que ellas expresan.

• La justicia consiste principalmente en la aplicación de un orden jurídico que preserve la dignidad, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de acceso y oportunidades, la iniciativa de las personas y de las comunidades, el combate a la impunidad y que garantice el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los Estados y las personas.
• La administración de justicia debe inspirarse en valores éticos. Corresponde al Estado asegurar su imparcialidad y objetividad, así como la igualdad y respeto de la dignidad de las personas.
• La actuación de los órganos judiciales incide en gran medida en la concreción y efectividad de la seguridad jurídica, y en la lucha contra la impunidad; por ello se deben promulgar normas claras cuya publicidad aplicación y cumplimiento, aseguren la existencia del pleno Estado de Derecho y la convivencia democrática.

• Debe estar regida por estrictas normas que provengan no sólo del derecho sino también de una ética que lo fundamenta y, además, el Estado de Derecho para alcanzar su plenitud y efectiva vigencia ha de estar basado en valores y principios éticos.
• La corrupción, en sus diferentes formas y variantes, es un flagelo universal que también afecta a los países iberoamericanos y puede llegar a generar desestabilización institucional, alteración en las reglas de competencia y desconfianza en las instituciones democráticas.
• Sobre los partidos políticos y transparencia de los procesos electorales, coincidieron en que
• La consolidación del sistema democrático en Iberoamérica debe propugnar la mayor credibilidad en su funcionamiento, resaltando el papel esencial que las agrupaciones, los partidos políticos y los gobiernos cumplen en el desarrollo de la vida democrática.
• Una de las cualidades más sobresalientes de la democracia es la participación popular en todos los ámbitos de la vida social, por lo que urge que los Estados concreten esfuerzos y promuevan acciones que involucren a los diversos sectores sociales y que garanticen la adecuada combinación de los mecanismos de participación con los de representación.
• La creciente exigencia de los pueblos iberoamericanos de fortalecer más la participación en las decisiones que afectan a la sociedad, demanda que las políticas públicas sean amplias y participativas.

• Los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre y veraz, sin censura ni restricciones.
• Que las libertades requieren de la presencia y funcionamiento de una pluralidad de medios de comunicación libres. Por otra parte el fomento a la educación y la cultura contribuye al pleno ejercicio del derecho a la información.
• Condenaron enérgicamente los ataques y cualquier otra forma de violencia o coacción contra los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores.

Destacaron el avance que se ha logrado en los programas en ejecución y asimismo la importancia de la incorporación en la VII Cumbre de nuevas iniciativas de cooperación, tales como: el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la preservación y difusión de la memoria histórica común a través de los archivos iberoamericanos, la investigación agrícola, las acciones focalizadas para la disminución de la pobreza y las viviendas alternativas de interés social.